Cuando los tiempos de la Justicia no van de la mano con los de las víctimas
Para muchas víctimas de violencia física, de género o abusos, por citar algunos ejemplos, el proceso judicial no es solo lento: es una segunda exposición al riesgo. Denuncias que se empantanan, medidas de protección que tardan en dictarse o no se cumplen, audiencias en Cámara Gesell que se postergan -o nunca se realizan- dejan a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres atrapados en la revictimización.
La espera desgasta, las pruebas se enfrían, el miedo crece y la confianza en el sistema se erosiona. ¿Qué ocurre cuando el Estado no logra resguardar a quien denuncia? ¿Y qué costo paga la sociedad cuando una causa se dilata hasta volverse silencio? En comisarías, fiscalías y juzgados de familia se repite la misma pregunta: por qué la urgencia de la víctima rara vez coincide con los tiempos de la justicia.
En este informe de El Territorio repasamos algunos casos recientes en los que se plantean varias de estas problemáticas que enfrenta cotidianamente la justicia.
La denuncia siempre es el primer paso en una situación de violencia de género, pero no garantiza por sí sola protección ni acompañamiento sostenido. Debe haber un sistema judicial y una red social que contenga, y que verifique que quien se animó a denunciar esté fuera de peligro. En pocas palabras, que tenga justicia por lo vivido.
Así lo planteó la abogada Valeria Ocampo, especializada en derecho penal con perspectiva de género y asesora legal de la ONG Huellas de Género, quien advirtió que actualmente la Justicia en Misiones y en Argentina “actúa por ráfagas” y no realiza un seguimiento adecuado de los casos.
En una provincia que en un año (2024) registró 29.683 denuncias policiales por violencia de género, la respuesta, reconoce, debe ser inminente. Se trata de una problemática que de manera sostenida se refleja en estadísticas: el extremo de esa violencia se reconoce en los 10 femicidios confirmados por el Poder Judicial sólo en el 2025, el año con la tasa más alta de homicidios por razones de género en el último lustro.
Por su parte, la licenciada en Psicología Elda Irungaray analizó la persistencia en la actualidad de las violencias contra niños y mujeres y las dificultades para acceder a la justicia que muchas veces termina siendo un nuevo calvario para las víctimas.
La violencia contra niños y mujeres no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más visible. Así lo planteó la especialista con décadas de trabajo en la temática, quien advirtió que, pese a los avances en concientización y derechos, persisten obstáculos estructurales tanto en la prevención como en el acceso a la Justicia.
“El maltrato infantil ha existido siempre. Si uno recorre la historia de la humanidad, encuentra que incluso fue aceptado y naturalizado socialmente”, explica.
Según señaló, “el cambio de paradigma comenzó con la declaración de los Derechos del Niño impulsada por organismos internacionales, que permitió reconocer a los niños como sujetos de derecho y no como objetos de tutela”, afirmó la profesional es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Pero si nos referimos a casos preocupantes y en el que se volvió a poner en debate el accionar de la Justicia, tenemos que hacer mención a la historia de una mujer que se mudó de Buenos Aires a Misiones junto a su hija por presunta violencia de género perpetrada por su expareja, quien realizó una denuncia logrando que el juzgado interviniente multe a la mujer por los días que la menor está lejos de su padre.
Pedidos de entrevista de la niña con profesionales para que escuchen sus necesidades y amparos para que la Justicia de Misiones actúe en la causa, fueron algunas de las presentaciones realizadas por Alejandra junto a su abogada particular. Actuaciones que fueron respondidas con desinterés o indiferencia, según lo detallado por la mujer en diálogo con este medio.
Otro caso puntual que se aborda en este informe ocurrió el 9 de marzo de 2019, fecha que quedó grabada para siempre en el corazón y la mente de Gastón Demonari (39). Ese día, su pequeña bebé Noor María falleció en una clínica privada de Oberá y el mundo de sus padres se desmoronó por completo.
Tras el indescriptible dolor por la peor de las pérdidas, los progenitores sacaron fuerzas de donde no tenían y radicaron una denuncia por mala praxis fundada en el incumplimiento de los protocolos sanitarios en la atención de la pequeña recién nacida, consideraron.
Así se dio origen a una maraña interminable de trámites, presentaciones, demoras, excusas y hasta un pedido de juicio político contra una jueza obereña, por lo que el expediente pasó a otro juzgado. La sospecha inicial de los padres derivó en la imputación por homicidio culposo contra un médico. Además, cinco profesionales de la misma clínica declararon como testigos sospechosos.
Para denuncias:
Si Ud. es víctima de violencia, el primer contacto es el 911, que activa la intervención policial urgente. También funcionan la Línea 102, destinada a niñas, niños y adolescentes, y la Línea 137, que brinda contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar las 24 horas, todos los días del año.
