La Justicia decidirá la situación procesal de Claudio Tapia en los próximos diez días
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Tras concluir las rondas de indagatorias y la presentación de los escritos de defensa, el juez Pablo Amarante tomó las riendas del proceso. El magistrado en lo Penal Económico quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ese momento, el juez cuenta con un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución. El magistrado debe decidir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Según trascendió, las pruebas complican seriamente la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino. Por este motivo, el magistrado se inclinaría por procesar a ambos directivos en el corto plazo.
La investigación se centró en una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostuvo que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma diversos tributos nacionales. Entre las obligaciones incumplidas figuraron el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales. Este comportamiento abarcó un período extenso que fue desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configuró cuando venció el plazo legal para ingresar el impuesto sin realizar el pago. En este caso específico, ese plazo fue de 30 días desde que la entidad debió efectuar los aportes correspondientes. Además, la investigación determinó que la AFA constituyó plazos fijos en pesos y dólares mientras mantenía estas deudas fiscales.
Por su parte, los imputados presentaron escritos defensivos durante las indagatorias para negar cualquier tipo de incumplimiento. Los dirigentes argumentaron que existía una disposición de Arca que impedía la ejecución fiscal contra asociaciones civiles. Bajo esa lógica, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en aquel momento preciso. Asimismo, la entidad deportiva sostuvo que la deuda ya fue regularizada ante los organismos de control.
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, reforzó esta postura en su presentación judicial. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó el directivo. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”. A pesar de estas explicaciones, el juez Amarante rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por los abogados de la institución.
